UN PASO MAS ATRÁS EN LA REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN

El 7 de diciembre se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Senadores, una iniciativa en materia laboral, que sustancialmente pretende generar normatividad secundaria para implementar la reforma constitucional al Artículo 123 vinculada a la impartición de justicia, en virtud de la cual se establecen tribunales laborales en sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje.

Esta iniciativa responde a un trabajo de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas que en su exposición de motivos refieren a la creación de un órgano conciliador y un proceso previo y obligatorio ante él como condición para arribar al juicio laboral del que se establecen los procedimientos ante los nuevos tribunales.

El texto se orienta a temas procedimentales o adjetivos, pero también atiende de forma superficial aspectos sustantivos, tanto es así que sólo dedican un párrafo de entre 37 páginas de la exposición de motivos a la parte conceptual y de ahí cuatro renglones a la subcontratación, según se aprecia a continuación:

“La presente iniciativa identifica además aspectos sustantivos de la Ley Federal del Trabajo cuya modificación incentivaría la creación de empleos e incrementaría la protección de los derechos individuales de los trabajadores, por lo que se proponen reformas a las normas relativas a: i) la subcontratación, para el efecto de ampliar la tutela de los trabajadores sujetos a dicho régimen y establecer sanciones penales para el contratista que engañe al contratante respecto del cumplimiento de las obligaciones a su cargo...”

Los senadores creen que se propicia la creación de empleos y se protegen derechos de los trabajadores eliminando restricciones para que los patrones deleguen sus responsabilidades en terceros y, por ello, liberan de condiciones a la subcontratación.

Por la importancia que revierten, los requisitos que se eliminarían del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo nacieron de un trámite de iniciativa preferente en el 2012 y refieren a lo siguiente:

No todos los trabajadores pueden subcontratarse ya que el legislador consideró que una empresa no puede operar sin tener los propios, aludiendo a grandes corporativos que no tenían empleados.

El servicio subcontratado debe ser especializado, así quien use el régimen lo hará a través de entes con dominio en determinadas áreas que satisfagan necesidades reales de operación y no para transferir cargas laborales, fiscales o de seguridad social en terceros.

No puede subcontratarse para funciones iguales o equivalentes a las de los trabajadores de la contratante, para no romper con un principio esencial del derecho laboral: a trabajo igual, salario y condiciones iguales. Estos requisitos han permitido abatir el uso de esquemas abusivos de sustitución laboral, combatiendo prácticas laborales y fiscales indebidas.

Aun careciendo de ciertos elementos necesarios para su aplicación, las condiciones han desalentando la creación de planeaciones agresivas en detrimento de derechos laborales y del mismo fisco, por lo que eliminarlos de tajo en lugar de perfeccionarlos, sería dar un paso atrás en la regulación del mal llamado outsourcing.

Bien harían los senadores en atender un solo tema a la vez, estableciendo adecuadamente las características del órgano conciliador y los procesos de los tribunales laborales, dejando para un mejor momento las modificaciones conceptuales, que aparecen fuera de lugar y contradicen temas superados hace algunos años.

Existen dos iniciativas de la Cámara Baja que más allá de proponer la disminución de obligaciones confirman la contratista, estableciendo que debe emplear procesos de administración integral del capital humano, lo cual opera en favor de trabajadores, de autoridades fiscales e incluso de las empresas al amparo del régimen.

Esa debería ser la reforma a la subcontratación y no la que abre camino a simulación y prácticas indebidas.

*El autor es director General del Centro Administrativo de Desarrollo Empresarial (Cadem) y asesor de GINgroup.

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