¿Desaparece, continúa igual o mejora su regulación?
Actualmente se discuten en el Congreso diversas iniciativas relativas a la tercerización, aunque sólo algunas de ellas se elaboraron con sensibilidad del momento económico del país, con conocimiento de las necesidades de generación de empleos y con claridad respecto de las bondades y riesgos que trae consigo el régimen.
El poder legislativo debe valorar circunstancias que irremediable señalarán el rumbo de una reforma laboral, que seguiría a una de grandes dimensiones, como fue el caso de la vigente desde el 2 de mayo del 2019.
Pareciera ilógico que a un cambio que rediseña de forma total el sistema de impartición de justicia laboral —creando tribunales y centros de conciliación autónomos— y a una adecuación a requerimientos internacionales —Convenio 98 de la OIT y Anexo 23 del T-MEC—, pudiera seguir una cirugía mayor, que modificaría radicalmente los esquemas de trabajo de miles de empresas y millones de trabajadores mexicanos.
Existe una corriente —la de menores dimensiones— que pretende evitar cualquier modificación a la legislación vigente. Al mismo tiempo, encontramos casi en igualdad de fuerzas a quienes pretenden una mejor regulación del esquema y los que pugnan por eliminarlo o volverlo prohibitivo para quienes cotidianamente recurren a él.
En una valoración referencial, encontramos los siguientes datos que podrían marcar las tendencias que incidirán en la decisión final:
En la fecha en que se escriben estas líneas, se encuentran en proceso de análisis 19 iniciativas que de forma principal o secundaria refieren al outsourcing laboral, seis en Cámara de Senadores y 13 en Diputados.
De entre las que carecen de elementos técnicos en materia legislativa, encontramos un par que desde la codificación laboral pretende prohibir la contratación por honorarios —materia civil— en la Cámara de Senadores y la subcontratación en ese recinto legislativo y otra que, desconociendo la inexistencia de la figura, postula la prohibición del outsourcing (sic) en dependencias y entidades públicas. En consonancia con las características citadas —sin elementos técnicos ni conocimientos del régimen—, tres iniciativas proponen abatir la tercerización, ¡eliminando los cuatro artículos que han servido para contener abusos desde el 2012! De forma absurda y paradójica, desaparecer el régimen reduciendo a nada las normas que lo regulan.
Hay tres iniciativas que, desde la ley de adquisiciones, pretenden limitar o evitarla en el sector público, sin mayor explicación y quizá ni sentido lógico; sin embargo, se trata de proyectos sin impacto general y con poco futuro por los pobres argumentos que le dan sustento.
Desde senadores, se cocina una iniciativa que pretende limitar a regímenes excepcionales, en que se establecen obligaciones solidarias para los beneficiarios —que existe per se—, garantía de cuando menos 10 salarios mínimos y características que la vuelven inviable.
Las que destacan por coherencia con las necesidades de trabajadores y creación de empleos son la de la senadora Marybel Villegas, que recurre al malogrado proyecto de Norma Mexicana para incluso elevarlo a una petición de Norma Oficial que certifique a las contratistas y la del diputado Isaías González, con procedimientos claros para evitar que mediante esta figura se evadan responsabilidades laborales o de seguridad social. En ambas encontramos características propositivas y no prohibitivas, como ocurre en la mayoría de las mencionadas.
Al final, describimos las que por sus características podrían considerarse antagónicas, aun y cuando tienen origen en el mismo partido:
La del diputado Ulises Murguía, que supone que el régimen puede subsistir garantizando a los trabajadores respeto de sus derechos; distingue entre subcontratación, servicio y tercerización, lo cual da claridad al concepto y lo vincula a la realidad, propone salarios mínimos a los trabajadores tercerizados, registro nacional y confirma la necesidad de una NOM.
La del senador Napoleón Gómez Urrutia, que redefine los alcances de la subcontratación y sus requisitos, considerando como parte de la delincuencia organizada a quienes no cumplan con los parámetros que indica, con alcances retroactivos y de aplicación en los primeros 180 días de su entrada en vigor. Sin duda, los planteamientos inhibirían la inversión y atentaría contra preceptos constitucionales. En ese sentido se ha pronunciado el sector empresarial al interior y al exterior del país.
Tenemos la firma convicción de que privará la razón, lo contrario puede comprometer a la planta laboral de México. Existen elementos para pensar que, incluso, podemos esperar un mejor momento para esta reforma, que, siendo necesaria, no es una prioridad en la agenda nacional.
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